Este lunes, la Policía Bonaerense, a través del gobierno municipal, desplegó al menos una decena de patrulleros y un camión de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el lujoso balneario Manantiales, ubicado en la Ruta 11 a la altura de Chapadmalal. El objetivo fue levantar un cerco que bloquea el acceso a un espacio público, abierto años atrás por los vecinos, para llevar a cabo una obra que también enfrenta el rechazo de la comunidad. “Hace años que no cumplen la ordenanza”, denunciaron críticamente desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc).
El conflicto en torno a la Unidad Turística Fiscal (UTF) “Arroyo Lobería”, explotada comercialmente por la empresa Rivan SA bajo el nombre de Manantiales Club de Mar, tiene una larga historia, pero se intensificó en 2021. Una asamblea vecinal inició una serie de protestas y reclamos públicos contra irregularidades cometidas por varios balnearios situados sobre la Ruta 11 sur, a la altura de Chapadmalal, y en la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur.
En ese contexto, los vecinos comenzaron diversas acciones para recuperar espacios de la UTF concesionada, denunciando incumplimientos del pliego vigente y exponiendo áreas que se encontraban cerradas, en desuso y abandonadas por la empresa.
Según da cuenta el portal Qué Digital, la apertura de estos espacios, que debían ser de acceso público y no lo eran, y la puesta en condiciones de una vieja capilla utilizada como depósito, llevaron a una denuncia en la Justicia Civil. Se ordenó el desalojo del lugar, pero al no existir una ocupación efectiva, fracasó. La empresa también solicitó sin éxito el uso de la Policía para “posibilitar el cerramiento del predio”.
A pesar de varios intentos fallidos, incluyendo uno el año pasado y otro el viernes, este lunes finalmente se completó el cerramiento con maderas, no con alambrado, con la presencia de funcionarios municipales y el respaldo de la Policía, lo que generó tensión y empujones.
Rechazo a la obra
El argumento para el cerramiento del espacio público es el inicio de una obra por parte de la concesionaria que, según la asamblea vecinal, fue aprobada por el gobierno municipal a través del Emturyc para cumplir con la falta de espacios no comerciales. De acuerdo al cartel en el lugar en conflicto, la obra demandará unos seis meses.
La asamblea vecinal también rechaza la obra, afirmando que “abarcaría solo el 2% de las siete hectáreas” y denuncia que no han tenido acceso al proyecto, además de que no hubo declaración de impacto ambiental ni instancia de participación ciudadana.
Tras el amplio operativo montado este lunes desde temprano y que continuaba durante la tarde con el cerco de madera ya colocado, los vecinos autoconvocados apuntaron contra el gobierno municipal.
Ordenanza incumplida
“El jefe del Departamento de unidades turísticas fiscales, Marcelo Tovar, y el presidente del Emtur, Bernardo Martín, son responsables de omitir durante años el cumplimiento de la ordenanza 21.524”, acusó Kanki, uno de los vecinos. Subrayó que esa normativa municipal establece que el concesionario debe “mantener durante todo el año la totalidad de las áreas de esparcimiento, instalaciones y equipamiento destinado al uso público en perfectas condiciones de uso, siendo su responsabilidad evitar precariedades tanto en cerramientos temporales de áreas no utilizadas como en la limpieza y mantenimiento del sector concesionado”.
“La ordenanza dice que esto es un parque público y no se puede restringir el acceso”, insistió mientras, entrada la tarde, el predio seguía custodiado por decenas de policías. (InfoGEI)
