Proponen un régimen de electromovilidad con incentivos fiscales
Cristian Ritondo, junto a un grupo de diputados del Pro, presentó un proyecto de ley para establecer un régimen legal de la electromovilidad en la Argentina, con el objetivo de crear un marco regulatorio integral que impulse el desarrollo del sector y fomente la adopción de vehículos eléctricos en todo el país.
La iniciativa —que también lleva las firmas de María Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Martín Ardohain, Antonela Giampieri, Alejandro Finocchiaro, Fernando De Andreis y Emmanuel Bianchetti— fue girada a las comisiones de Energía y Combustibles, Transportes y Presupuesto y Hacienda.
El texto establece como eje central la creación de un marco normativo nacional que abarca desde la instalación de infraestructura de carga hasta la definición de estándares técnicos y un esquema de incentivos fiscales. En ese sentido, define la electromovilidad como una política estratégica que requiere tanto inversión privada como reglas claras para su desarrollo.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la imposición de obligaciones concretas para la instalación de puntos de carga. En los edificios nuevos, por ejemplo, se exige la preinstalación eléctrica en la totalidad de las cocheras, además de la instalación efectiva de cargadores en un porcentaje mínimo de los espacios. Para los edificios existentes no residenciales, se establece la obligación de incorporar cargadores en plazos que van hasta los 24 meses desde la promulgación de la ley.
Las estaciones de servicio también quedan alcanzadas: deberán incorporar cargadores eléctricos en función de su volumen de ventas de combustible, con exigencias que incluyen equipos de carga rápida de alta potencia.
El proyecto crea además la figura del “servicio de carga de vehículos eléctricos” como actividad comercial independiente del sistema tradicional de distribución eléctrica, habilitando a operadores a cobrar por el servicio bajo distintas modalidades, como tarifas por consumo, por tiempo o por suscripción. Este esquema busca facilitar la aparición de nuevos actores en el mercado y promover la competencia.
En materia de incentivos, la iniciativa contempla beneficios fiscales relevantes. Entre ellos, la exención del Impuesto al Valor Agregado por cinco años para la compra e instalación de cargadores y para el propio servicio de carga, así como la posibilidad de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para inversiones en infraestructura. También prevé créditos fiscales para usuarios particulares que instalen equipos en sus hogares.
A su vez, se promueve la reducción de Ingresos Brutos mediante la adhesión de provincias y se establecen beneficios aduaneros para la importación de equipos e insumos vinculados a la electromovilidad.
El proyecto fija metas concretas a nivel nacional, como alcanzar al menos 2.500 puntos de carga públicos o semipúblicos para 2030, lograr que los vehículos eléctricos representen el 10% de las ventas de unidades nuevas en ese año y avanzar en la electrificación del transporte público urbano.
Asimismo, se crea un Fondo Nacional de Electromovilidad destinado a financiar infraestructura, especialmente en corredores viales y zonas de menor desarrollo, y se establece a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.
En los fundamentos, Ritondo sostiene que la transición hacia la movilidad eléctrica “es uno de los procesos de transformación estructural más profundos” de la economía actual y advierte que el mercado por sí solo no logra desplegar la infraestructura necesaria. En esa línea, el proyecto se apoya en experiencias internacionales, como las de Noruega, la Unión Europea y Estados Unidos, para justificar la necesidad de una intervención estatal que brinde previsibilidad e incentivos.
La iniciativa también reconoce desafíos, como las limitaciones en la disponibilidad de insumos estratégicos o las dificultades del sistema energético local, pero plantea que esos obstáculos no deben frenar el avance hacia un modelo de transporte más sustentable.
De esta manera, el proyecto del bloque Pro busca posicionarse como un intento integral de regulación y promoción de la electromovilidad en la Argentina, combinando obligaciones, incentivos y metas de largo plazo para acelerar la transición energética en el sector del transporte. (Parlamentario)