Mar del Plata y la deuda pendiente del transporte público
Columna semanal de Jorge Nuñez Arzuaga.
La ciudad posterga desde hace años la modernización del transporte público de pasajeros bajo la cobertura de las emergencias decretadas y las prórrogas sucesivas. 2026 está demostrando que el tiempo de las soluciones provisorias se agotó.
El sistema de colectivos urbanos de la ciudad funciona hoy sin concesión vigente. No es una novedad: desde 2019, el servicio se sostiene mediante una cadena ininterrumpida de prórrogas al contrato vencido con las empresas prestatarias, que responden a la cámara empresaria liderada por Juan Inza. La última de esas extensiones, formalizada en diciembre de 2025, declaró el estado de emergencia del sistema. En mayo de 2026, el intendente Agustín Neme extendió esa emergencia hasta fines de 2027. Es ya la quinta prórroga desde que el PRO asumió la gestión municipal.
El Ejecutivo tiene sus argumentos. El nuevo pliego licitatorio -denominado SITU, Servicio Integrado de Transporte Urbano- es, según el propio oficialismo, un documento ambicioso que propone no un ajuste sino un reemplazo completo del sistema, con una concesión de veinte años prorrogable. Concejales del PRO como Marcelo Cardoso reconocen que las falencias son reales y urgentes, pero señalan que sin los informes técnicos del Ejecutivo no es posible evaluar ni debatir el expediente con seriedad.
El problema es que esos datos no llegan. Los concejales presentaron sus preguntas por escrito en abril. A principios de julio, con más de sesenta días transcurridos y el plazo reglamentario de treinta ya vencido ampliamente, el Ejecutivo aún no había respondido. La oposición solicitó que funcionarios del área de Transporte concurran a la Comisión de Movilidad Urbana a dar explicaciones en persona. El oficialismo, con su mayoría, rechazó la convocatoria. El concejal Pablo Obeid lo resumió: si existiera voluntad real de licitar, no debería llevar cincuenta días responder un cuestionario.
Desde la oposición, las voces son coincidentes en el diagnóstico aunque variadas en el matiz. Eva Ayala, de Acción Marplatense, señaló que declarar la emergencia de manera repetida se convirtió en una renuncia explícita a planificar, y que esta herramienta administrativa -creada para situaciones excepcionales- se usa ahora para encubrir la ausencia de un proyecto. Juan Manuel Cheppi, del massismo, recordó que la ciudad lleva años encadenando emergencias y parches sin una visión integral del sistema. Diego García, de Unión por la Patria, apuntó que el expediente base de la última prórroga aprobada databa originalmente de 2005. Sectores de la oposición van más lejos aún y sugieren que las condiciones del pliego -garantías elevadas, absorción obligatoria del personal con las mismas condiciones, modelo de ingresos complejo- podrían estar diseñadas para desalentar oferentes y justificar, ante el fracaso de la licitación, otra prórroga directa a las mismas empresas de siempre.
El sistema de colectivos de Mar del Plata transporta a diario a decenas de miles de personas que no tienen otra opción: trabajadores que madrugan, estudiantes que cruzan la ciudad, adultos mayores que dependen del servicio para sus trámites y atenciones médicas. Para esa mayoría silenciosa, el transporte público no es un tema de debate legislativo sino una necesidad cotidiana e irremplazable. .
Desde una perspectiva municipalista, el transporte público es uno de los derechos urbanos fundamentales: la garantía de que una ciudad funciona para todos sus habitantes. Planificarlo con seriedad, transparencia y participación ciudadana es una responsabilidad de todos los actores políticos locales.