La presentación judicial lleva las firmas de M. Ferraro y Mónica Frade, quienes consideraron que “en lugar de actuar con independencia para resguardar la ética pública, la Oficina parece convertirse en una herramienta de blindaje político”. También exigieron que se investiguen las comunicaciones entre Melik y Casa Rosada.
Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, integrantes de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA por la Coalición Cívica, presentaron este martes una denuncia penal contra el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, para solicitar que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el primer capítulo de la presentación judicial, además, los legisladores exigen que se investiguen otros posibles delitos de acción pública cometidos en el ejercicio de la función pública, por parte de las autoridades de la Oficina Anticorrupción. Luego, recrearon con detalles los hechos ocurridos el pasado 14 de febrero cuando Javier Milei difundió por X el token $LIBRA.
A partir de esa secuencia, Ferraro y Frade cuestionaron la resolución del organismo anticorrupción e indicaron: “Pese a las evidencias que percibimos concluyentes acerca de la participación del presidente de la Nación en la promoción de la criptomoneda $Libra en su cuenta personal de X y decisión posterior de borrar ese posteo, y toda la cronología opaca que surgió de estos hechos, la Oficina Anticorrupción concluyó, en la Resolución 9/2025, que no se verificó ninguna infracción ética por parte del presidente Milei”.
“Dicha conclusión replica, sin análisis crítico ni profundización técnica, los argumentos exculpatorios brindados por el propio presidente en sus redes sociales y comunicados oficiales”, y agregaron que “la resolución utiliza los mismos argumentos esgrimidos por el presidente Javier Milei en una entrevista televisiva, que debió ser interrumpida por uno de sus asesores para darle indicaciones al interlocutor del presidente, acerca de las preguntas inadecuadas de la conversación”.
En otro punto, los diputados de la Coalición Cívica consideraron que “esta explicación exhibe por parte de la Oficina Anticorrupción la decisión de elaborar una resolución a medida, con el fin de desligar de toda responsabilidad al presidente, ignorando no solo la evidencia sino también el marco normativo vigente”.
También, señalaron que “resulta llamativo que no se haya realizado una valoración autónoma del rol institucional que implica la figura presidencial en la promoción de activos financieros, ni de los efectos económicos y simbólicos de sus declaraciones públicas”. “La reproducción acrítica de los argumentos del propio presidente en la resolución impugnada, sin análisis técnico ni valoración imparcial, contradice frontalmente este principio normativo y vulnera la finalidad institucional de la OA como organismo de control autónomo”, explicaron Ferraro y Frade.
“En lugar de actuar con independencia para resguardar la ética pública, la Oficina parece convertirse en una herramienta de blindaje político”, afirmaron los legisladores en la redacción de la denuncia. También sostuvieron que “se omite toda consideración sobre el incumplimiento del deber de imparcialidad, transparencia y prevención de conflictos de intereses, pilares centrales del régimen de ética en la función pública.
Por último, exigieron que “se investiguen las posibles comunicaciones formales o informales mantenidas entre el titular de la Oficina Anticorrupción y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo al presidente Javier Milei; a su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al asesor presidencial Santiago Caputo; y al vocero Manuel Adorni”. (Parlamentario)
