El Gobierno de Milei suspendió más de 6.500 cooperativas
A través de la Resolución 2076/2026 del INAES, el Gobierno de Javier Milei inhabilitó para funcionar a miles de entidades asociativas de todo el país por demoras en la presentación de estados contables. El titular del IPAC bonaerense, Gildo Onorato, cruzó la medida, advirtió que paraliza al 40% de las cooperativas de la provincia y exigió la revisión inmediata de la medida.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), bajo la órbita del Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, oficializó la Resolución 2076/2026, mediante la cual dispuso la suspensión masiva de la autorización para funcionar a cerca de 6.500 cooperativas y mutuales en todo el territorio argentino. La inhabilitación alcanza a entidades inscriptas hasta finales de 2024 que registraron demoras o incumplimientos en la entrega de documentación asamblearia y balances contables correspondientes al período que va entre el 1 de enero de 2023 y el 6 de agosto de 2026.
De acuerdo con la resolución, las organizaciones alcanzadas por los Anexos I a VI quedan inhabilitadas para efectuar cualquier tipo de trámite o gestión operativa ante el organismo descentralizado hasta tanto no regularicen su situación administrativa, al tiempo que se les abrieron procesos sumariales. Asimismo, la medida otorgó un esquema de plazos administrativos para entidades creadas en los últimos tres años:
Entidades constituidas en 2023 y 2024: Cuentan con un plazo de 30 días hábiles administrativos para presentar los estados contables y actas de asamblea adeudados.
Entidades constituidas en 2025: Se les fijó una ventana de 60 días hábiles administrativos para ingresar la documentación respaldatoria.
Desde la autoridad nacional advirtieron que las cooperativas intimadas que no cumplan con la presentación en las ventanas temporales estipuladas sufrirán la suspensión automática de su matrícula y la sustanciación de sumarios. Por otra parte, la resolución contempla excepciones temporales de relevamiento para mutuales de colectividades y cooperativas encargadas de prestar servicios públicos esenciales en sus localidades, siempre que no registren observaciones ante los organismos de prevención de lavado de dinero.
El repudio desde provincia: “Le impide trabajar al 40% de las cooperativas bonaerenses”
La oficialización del achique regulatorio encendió de inmediato las alarmas en lso movimientos sociales y cooperativistas y cosechó el enérgico rechazo por parte de las autoridades del gobierno bonaerense. El titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo de la provincia de Buenos Aires (IPAC) y referente del Movimiento Evita, Gildo Onorato, repudió públicamente la medida dictada por el INAES y denunció el impacto devastador que provoca sobre el empleo no concentrado y las economías regionales.
A través de sus redes sociales, Onorato dimensionó el alcance real de la embestida administrativa de la Casa Rosada en territorio bonaerense: “Repudiamos la Resolución del INAES 2076/26, que suspende 6.667 cooperativas en todo el país. Esta resolución le impide trabajar al 40% de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires”.