Según el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), las audiencias públicas organizadas por el Gobierno Nacional para debatir el nuevo esquema de concesiones viales fueron meramente formales y no generaron resultados concretos. No se tomaron en cuenta los aportes técnicos ni las opiniones de la ciudadanía, repitiendo un mecanismo similar al implementado en la década del ’90, considerado una verdadera estafa para los usuarios.
El proyecto reinstala el llamado “falso peaje o impuesto al tránsito”, un modelo que ya fracasó en el pasado. Su aplicación prevé una fuerte expansión: de las 44 estaciones actuales se pasaría a 98, con un promedio de un peaje cada 97 kilómetros. Las tarifas se multiplicarán por 3,3, lo que implica que los conductores terminarán pagando más de 6,5 veces el costo vigente, sin obtener mejoras significativas en la red vial.
Ejemplos concretos muestran la dimensión del problema: un viaje de 650 kilómetros entre Buenos Aires y Bahía Blanca implicará 8 peajes; mientras que en la Ruta Nacional N.º 11, entre Chaco y Santa Fe, habrá que abonar en 5 estaciones.
El plan contempla únicamente tareas básicas de mantenimiento –corte de pasto y una capa asfáltica mínima cada diez años–, sin proyectos de ampliación ni obras estructurales. Así, se continuará circulando por rutas diseñadas hace más de treinta años, en un contexto de crecimiento constante del parque automotor. En estas condiciones, no habrá avances en seguridad vial ni reducción en los costos logísticos.
De hecho, la llamada Red Federal de Concesiones (RFC) se asemeja más a una “Red Federal de Impuesto al Tránsito”.
Objeciones constitucionales:
-No prevé caminos alternativos sin peaje.
-Impone una doble carga tributaria, dado que los usuarios ya aportan al mantenimiento vial mediante el Impuesto a los Combustibles.
En consecuencia, gran parte del tránsito nacional quedará sujeto al pago obligatorio de una tarifa considerada abusiva e injusta, vulnerando el derecho al libre tránsito garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional.
Infraestructura vial obsoleta
Mientras se anuncian metas de crecimiento económico, el estado de la infraestructura vial se mantendrá en niveles propios de hace seis décadas: obsoleta, colapsada y sin planificación estratégica. La falta de inversión privada obligará al Estado a asumir las obras pendientes, consolidando un modelo regresivo, ineficaz e ilegítimo.
Desde el CONADUV se insiste en la necesidad de diseñar un Proyecto Vial Nacional integral, que contemple toda la red caminera y asigne los fondos del Impuesto a los Combustibles a su verdadero destino: garantizar rutas seguras y eficientes, sin peajes ni barreras.
Recuperación de la gestión estatal
Recuperar la gestión estatal de las rutas significa cerrar uno de los capítulos más cuestionados del proceso privatizador en Argentina y devolver a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) su rol estratégico en la planificación del sistema.
Asimismo, resulta fundamental impulsar un Plan de Transporte Multimodal (vial, ferroviario y fluvial) concebido como política de Estado, adaptado a la geografía del país y competitivo a nivel internacional, lejos de los negocios diseñados para beneficiar a un puñado de grupos económicos. (InfoGEI)
