La OIT le exigió al Gobierno de Milei garantizar el diálogo social
La Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo emitió recomendaciones a la Argentina luego de analizar los cuestionamientos sindicales sobre derechos laborales, inspección del trabajo y participación de los actores sociales. El Gobierno deberá informar antes de septiembre qué medidas adoptará para cumplir con los convenios internacionales.
Después de varios días de debate en la 114° Conferencia Internacional del Trabajo, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT difundió sus conclusiones sobre el caso argentino y reclamó al Gobierno de Javier Milei medidas concretas para fortalecer la administración laboral, garantizar el diálogo social y mejorar los mecanismos de inspección del trabajo.
La decisión constituye el punto de llegada de un proceso que comenzó mucho antes de la conferencia y que tuvo como protagonistas a las centrales sindicales argentinas. La CGT, las CTA, ATE y distintas organizaciones gremiales llevaron ante los órganos de control de la OIT denuncias vinculadas al deterioro de las estructuras laborales del Estado, la pérdida de capacidades de fiscalización y las dificultades para sostener ámbitos institucionales de diálogo social.
Argentina fue incorporada este año al listado de casos individuales analizados por la Comisión de Aplicación de Normas debido a observaciones relacionadas con los Convenios 81, 129 y 150 de la OIT, vinculados a la inspección del trabajo, la inspección laboral en la agricultura y la administración laboral.
Qué le pidió la OIT a la Argentina
Tras escuchar a trabajadores, empleadores y representantes gubernamentales, la Comisión de Aplicación de Normas emitió una serie de recomendaciones dirigidas al Estado argentino.
Entre los principales puntos, el organismo reclamó fortalecer los mecanismos de diálogo social y garantizar consultas efectivas con las organizaciones sindicales y empresariales sobre las políticas laborales que impulsa el Gobierno.
También expresó preocupación por las observaciones vinculadas a la reducción de recursos humanos, operativos y financieros destinados a la inspección laboral y solicitó información detallada sobre el funcionamiento de los servicios de fiscalización, la cantidad de inspectores disponibles y las herramientas con las que cuentan para desarrollar sus tareas.
Asimismo, la Comisión instó al Gobierno a reforzar las capacidades institucionales de la administración laboral y recomendó recurrir a asistencia técnica de la propia OIT en caso de resultar necesario.
Otro de los puntos centrales de las conclusiones fue el pedido de una evaluación integral del sistema nacional de inspección del trabajo. La Comisión reclamó información precisa sobre la cantidad de inspectores disponibles, su distribución territorial, los recursos asignados para desarrollar las tareas de fiscalización y las medidas implementadas para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa laboral. El planteo apunta a determinar si las estructuras actuales cuentan con capacidad suficiente para controlar las condiciones de trabajo en todo el territorio argentino.
Las conclusiones también pusieron el foco en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas autoridades competentes en materia laboral. La OIT recomendó avanzar en mecanismos que permitan una mejor articulación entre los organismos nacionales y provinciales encargados de la inspección y administración del trabajo, con el objetivo de asegurar una aplicación homogénea de la legislación laboral y una mayor protección de los trabajadores.
La Comisión recordó además que el diálogo social constituye una herramienta fundamental para el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por Argentina. Por ese motivo, instó al Gobierno a garantizar consultas efectivas y sustantivas con las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores antes de impulsar modificaciones relevantes en materia laboral. El señalamiento adquiere especial relevancia en medio de las controversias generadas por la reglamentación de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. (Mundo Gremial)