La Justicia ordena a Capital Humano mantener los pagos del programa “Volver al Trabajo”
Un fallo del Juzgado Federal de Campana hizo lugar a un amparo colectivo y frenó la intención del Ejecutivo de dar de baja la asistencia. La medida protege a 900.000 beneficiarios del programa “Volver al Trabajo” de todo el país, quienes tendrán que seguir percibiendo sus prestaciones económicas de manera inmediata.
La Justicia Federal dictó una medida cautelar que obliga al Ministerio de Capital Humano a garantizar la continuidad del programa «Volver al Trabajo». El fallo surge como respuesta a un amparo colectivo presentado para proteger a los sectores vulnerables que dependen de este ingreso mensual.
La resolución, emitida por el Juzgado Federal de Campana, ordena específicamente a la cartera que dirige Sandra Pettovello que, «mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo».
Plazos y sanciones
El dictamen judicial es terminante en cuanto a los tiempos de ejecución. El Estado Nacional dispone de un plazo máximo de tres días tras la notificación para regularizar la situación y acreditar el cumplimiento de la orden ante los tribunales.
En caso de incumplimiento o demora, el juzgado advirtió que se aplicarán astreintes (sanciones económicas) por cada jornada de retraso. Esta protección legal se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.
El impacto social de la medida
La decisión judicial frena el plan oficial que pretendía interrumpir estos pagos a partir del mes de mayo. Según datos que trascendieron tras el fallo, la medida alcanza a:
900.000 personas distribuidas en todo el territorio argentino.
Un monto individual que ronda los $80.000 mensuales por beneficiario.
El fallo representa un alivio frente a la incertidumbre económica de las personas que perciben el beneficio, reafirmando que las prestaciones destinadas a la reinserción laboral y el sostenimiento básico no pueden ser suprimidas de forma unilateral sin un debido proceso legal que garantice los derechos de los ciudadanos. (Mundo Gremial)