Denuncian en la Justicia un vaciamiento de la ANSES para pagar despidos
La presentación judicial sostiene que el mecanismo creado por la reforma laboral desvía fondos de la seguridad social para financiar indemnizaciones, compromete los ingresos del sistema previsional y afecta a jubilados, pensionados y trabajadores aportantes.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó a la Justicia Federal uno de los puntos más cuestionados de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El sindicato presentó una demanda para que se declare la inconstitucionalidad del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al sostener que su financiamiento implicará un fuerte desvío de recursos de la seguridad social y un «vaciamiento» de la ANSES que terminará afectando a jubilados, pensionados y trabajadores.
La acción judicial apunta contra el artículo 76 de la Ley de Reforma Laboral N.º 27.802, sancionada el 1 de junio de 2026, y contra el artículo 24 del Decreto 408/2026. Además, ATE solicitó una medida cautelar para suspender la aplicación de las normas mientras se tramita el expediente.
“Tenemos que frenar la implementación del fondo de cese antes que sea demasiado tarde”, advirtió el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. El dirigente sostuvo que el nuevo esquema “terminará de hacer quebrar a un sistema previsional que ya venía golpeado” y denunció un desfinanciamiento “sin precedentes” de la ANSES.
Según explicó el sindicato, la ley habilita a los empleadores a descontar de sus contribuciones al sistema previsional el mismo monto que destinen al Fondo de Asistencia Laboral. De esta manera, las empresas dejan de afrontar directamente las indemnizaciones por despido y los trabajadores pasan a cobrarlas a través de un fondo que, según ATE, se nutrirá con recursos que hoy ingresan al sistema jubilatorio.
“Estamos frente a un desfinanciamiento del ANSES sin precedentes, multimillonario, que aleja cada vez más a los jubilados de la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo que perdieron sus haberes”, afirmó Aguiar.
Desde la organización estiman que el impacto económico de la medida podría superar los 3.000 millones de dólares anuales. Además, advirtieron que si el aporte al FAL alcanza el tope previsto del 3%, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) perdería el 16,5% de sus ingresos, en un contexto en el que, según remarcaron, los recursos actuales ya resultan insuficientes para cubrir las prestaciones vigentes.
“La Justicia debe intervenir y no dudar en defender los intereses de aquellos que han sido los más afectados por el programa económico de Milei, que son los jubilados”, agregó el titular de ATE.
Demanda colectiva contra el FAL
La demanda fue presentada como una acción colectiva en representación de todos los jubilados, pensionados y trabajadores aportantes al SIPA. El objetivo es que una eventual sentencia tenga alcance general y no quede restringida únicamente a los afiliados del sindicato estatal.
Por su parte, la presidenta del Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE, Noelia Guzmán, sostuvo que el Fondo de Asistencia Laboral vulnera principios esenciales del sistema previsional argentino.
“El FAL afecta principios esenciales de nuestro sistema previsional, entre ellos el derecho a la seguridad social, la movilidad jubilatoria, la solidaridad como eje rector del sistema y la sustentabilidad del régimen previsional argentino”, señaló.
Y concluyó con una advertencia sobre las consecuencias futuras de la medida: “Si no frenamos esto ahora, mañana no va a haber plata ni para las jubilaciones actuales ni para las futuras. Es un ataque directo a la Seguridad Social”.
En la presentación judicial, ATE argumentó que la normativa cuestionada viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege los derechos de trabajadores y jubilados, además de incumplir tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina, especialmente aquellos vinculados a la protección de las personas mayores. (Mundo Gremial)