La iniciativa sufrió modificaciones por las objeciones realizadas por aliados y opositores.
La Legislatura porteña aprobó hoy la ley Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad por la que se otorgan diversas herramientas al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para afrontar las dificultades de la pandemia de coronavirus, entre las que se destacan la reasignación de partidas, la revisión de programas no esenciales y de contratos de bienes y servicios.
La iniciativa fue aprobada con 38 votos positivos de los bloques de Vamos Juntos, Partido Socialista, UCR-Evolución y GEN, mientras que concitó el rechazo de 21 diputados del Frente de Todos, Autodeterminación y Libertad y el Frente de Izquierda.
El proyecto había sido enviado a la Legislatura hace dos semanas desde el Poder Ejecutivo y, durante su tratamiento en la Comisión de Presupuesto, recibió señalamientos de bloques opositores y aliados, dilatando su tratamiento y haciendo peligrar su aprobación, lo que derivó en una serie de modificaciones.
El punto más polémico era aquel que facultaba al gobierno de Rodríguez Larreta a escalonar el pago de los salarios de los trabajadores del Estado local ante una virtual falta de liquidez en las cuentas públicas.
En ese sentido, Claudio Romero (Vamos Juntos) calificó a esa idea como un “error” que fue “subsanado”, pero no dejó de recordarle a la oposición que en la historia de la Ciudad esa medida la habían tomado un gobierno peronista, en 1992, y un gobierno progresista, en 2002.
Sin embargo, los partidos opositores señalaron que la ley nada dice de los contratos de locación de servicio, lo que pone en riesgo a “cerca de 18 mil trabajadores”.
También se criticó de manera particular que, ante la posibilidad de reasignar partidas por encima de lo indicado en el marco normativo, no existieran mayores controles parlamentarios.
La creación de una comisión especial de seguimiento como respuesta del oficialismo fue insuficiente a los ojos de la oposición.
Sobre ese punto, Cecilia Segura (Frente de Todos) dijo que la estructura de ese cuerpo pone la mayoría y la presidencia a manos del oficialismo y que se corre riesgo de “que termine siendo una comisión de convalidación de la impunidad”.
Al momento de presentar el proyecto, el ministro de Economía porteño, Martín Mura, había dimensionado la crisis de recaudación con una caída estimada de 80.000 millones de pesos. (Télam)
