Proponen declarar una crisis productiva y tecnológica por 24 meses

El diputado nacional Cristian Andino presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia industrial nacional, productiva y tecnológica por el término de 24 meses, con el objetivo de contener la crisis que atraviesa el sector manufacturero argentino y evitar el cierre de empresas.

La iniciativa establece un conjunto de herramientas orientadas a preservar la actividad industrial, proteger capacidades productivas estratégicas y sostener la competitividad, en un contexto caracterizado —según los fundamentos— por caída del consumo, aumento de costos y apertura importadora.

Entre los ejes centrales, el proyecto crea el Programa Nacional de Recuperación y Sostenimiento Industrial (PRONARSI), destinado a impulsar la reconversión productiva, la modernización tecnológica y la capacitación, con foco en fortalecer proveedores locales y promover la sustitución inteligente de importaciones.

A la vez, se dispone la elaboración de un Mapa Federal de Riesgo Industrial, que en 90 días deberá identificar sectores críticos y establecimientos en situación de vulnerabilidad, para orientar políticas públicas específicas.

Otro capítulo apunta a la defensa de la producción nacional, habilitando medidas como licencias no automáticas, antidumping o salvaguardias frente al impacto de las importaciones en sectores sensibles, entre ellos el textil, el calzado, la metalmecánica, autopartes y electrodomésticos.

El proyecto también incorpora un régimen de “Compre Industria Nacional”, que obliga al sector público a priorizar bienes y servicios de origen local cuando existan condiciones equivalentes, y promueve la articulación con parques industriales y cadenas regionales.

En paralelo, se plantea el fortalecimiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), al que se declara estratégico, con la restitución de financiamiento, recuperación de capacidades técnicas y un rol central en procesos de innovación, certificación de calidad y desarrollo productivo.

En los fundamentos, Andino advierte sobre un escenario de deterioro industrial sostenido, con caída en la producción, utilización de la capacidad instalada en torno al 54% y cierre de establecimientos, especialmente entre las pymes, lo que impacta de forma directa en el empleo y en las economías regionales.

La iniciativa, que no contempla beneficios fiscales ni laborales específicos, pone el foco en herramientas institucionales y tecnológicas para evitar un proceso de desindustrialización y preservar el entramado productivo nacional. (Parlamentario)

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