“Festival de créditos” del Banco Nación a funcionarios del Gobierno
Una diputada nacional de la Coalición Cívica presentó una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de millonarios préstamos del Banco de la Nación Argentina a dirigentes, funcionarios, legisladores y personas vinculadas al oficialismo. Cuestiona posibles conflictos de intereses, favoritismos y eventuales delitos contra la administración pública.
La presentación se apoya en información periodística y en datos públicos del Banco Central que dan cuenta de préstamos por montos elevados concedidos a personas con trayectoria reciente en la función pública o con vínculos políticos directos con el oficialismo.
Según detalla la denuncia, a partir del 31 de marzo comenzaron a difundirse listados con nombres y montos de créditos otorgados por el Banco Nación a integrantes del actual esquema de poder político, incluidos funcionarios del Poder Ejecutivo, miembros del directorio del Banco Central, asesores, diputados nacionales y referentes de la llamada “militancia digital” afín al Gobierno. Ese conjunto de operaciones fue caracterizado en distintos medios como un “festival de créditos”, en alusión a la concentración de beneficiarios provenientes del mismo espacio político.
Entre los casos mencionados figuran el secretario de Finanzas Federico Furiase; directivos del Banco Central y del BICE; asesores del oficialismo; directores de empresas públicas; y diputados nacionales como Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni. También se alude al otorgamiento de un crédito a Sharif Menem, asesor de la Cámara de Diputados y familiar directo de altas autoridades legislativas.
Frade advierte que en varios casos los montos de los préstamos no guardarían relación con la capacidad de repago ni con la estabilidad laboral de los beneficiarios, un criterio central en la normativa bancaria. También señala situaciones en las que créditos habrían sido aprobados luego de rechazos previos en sucursales del interior del país, supuestamente destrabados por intervención de autoridades centrales del banco.
La denuncia pone el foco, además, en la eventual existencia de una “línea diferencial” de créditos para empleados y funcionarios públicos, reconocida por el propio Banco Nación en un comunicado oficial. Para la legisladora, este esquema podría haber funcionado como un mecanismo previo para facilitar beneficios crediticios a personas vinculadas al poder político, en desmedro de clientes comunes y con riesgo para la integridad financiera y reputacional de la entidad. (Parlamentario)