El Gobierno oficializó la disolución de la ANDIS
Mediante el DNU 942/2025, el Poder Ejecutivo prorrogó la emergencia sanitaria hasta fines de 2026 y avanzó en una profunda reestructuración del área de discapacidad: disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad, creó la Secretaría Nacional de Discapacidad en el ámbito del Ministerio de Salud y transfirió allí todas las competencias, presupuestos y obligaciones.
El Gobierno nacional volvió a recurrir a un decreto de necesidad y urgencia para introducir cambios estructurales en el Estado. A través del DNU 942/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026 y dispuso la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que pasará a integrarse plenamente al Ministerio de Salud mediante la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
La medida se apoya en el informe final de la intervención dispuesta sobre la ANDIS en agosto pasado, que detectó severas irregularidades administrativas, financieras y de control interno, además de deficiencias estructurales en los sistemas de información, contrataciones y gestión de prestaciones. Según ese diagnóstico oficial, la fragmentación tecnológica, la falta de trazabilidad documental y los problemas en la administración de pensiones y servicios colocaban en riesgo la continuidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
En ese marco, el decreto dispone la centralización orgánica y funcional de toda la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, que asumirá la totalidad de las competencias, compromisos y obligaciones de la ANDIS, junto con la transferencia de créditos presupuestarios, bienes, personal y estructuras vigentes. El Ejecutivo argumenta que esta reorganización permitirá fortalecer los sistemas de control, transparentar las contrataciones, optimizar la ejecución presupuestaria y garantizar el rol del Estado como “punto focal” frente a los compromisos internacionales en la materia.
El DNU también modifica la Ley de Ministerios para ampliar las atribuciones de Salud en dos frentes sensibles. Por un lado, incorpora nuevas competencias vinculadas al control sanitario de los precursores químicos, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional, con el objetivo de aportar evidencia toxicológica y epidemiológica a las políticas de prevención y combate del narcotráfico. Por otro, redefine formalmente el rol del Ministerio de Salud como autoridad responsable del diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral, incluyendo el control y auditoría de las pensiones por invalidez. (Parlamentario)