El Gobierno envió al Congreso el “Súper RIGI”
La iniciativa, que ingresó por la Cámara de Diputados, crea un régimen especial para proyectos de al menos 1.000 millones de dólares en sectores tecnológicos y productivos novedosos, con beneficios fiscales, cambiarios y estabilidad normativa por 30 años.
El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley denominado “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, conocido como “Súper RIGI”, con el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores que hoy no tienen desarrollo o se encuentran en fase experimental en la Argentina.
La iniciativa, formalizada mediante el mensaje N° 181/2026 y enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, apunta a crear “un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa” destinado a captar capitales para industrias estratégicas.
Según fundamentó el Ejecutivo, el proyecto busca revertir un escenario caracterizado por “décadas de inestabilidad normativa, presión tributaria excesiva, restricciones cambiarias y un marco regulatorio que desincentivó sistemáticamente la radicación de grandes inversiones”. En ese sentido, advierte que esa situación dejó al país “al margen de las cadenas globales de valor en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital”.
La propuesta se presenta como una evolución del actual RIGI aprobado con la Ley 27.742, aunque con un alcance más acotado: estará dirigido exclusivamente a “actividades económicas genuinamente nuevas en el país, con un impacto transformador en la estructura productiva nacional”.
El texto establece que podrán acceder al régimen proyectos con una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. Además, las iniciativas deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), creados exclusivamente para cada emprendimiento.
Entre los principales beneficios contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos luego de cuatro años. También prevé exenciones de derechos de importación y exportación, junto con un esquema de certificados de crédito fiscal para el IVA. (Parlamentario)