El Gobierno envía a la Bicameral el DNU que reforma la Inteligencia
A último momento, el Ejecutivo remitió al Congreso el DNU 941/25, que modifica la Ley de Inteligencia y deberá ser analizado por la Bicameral de Trámite Legislativo, aún sin constituir. El cuerpo dispondrá de diez días hábiles para dictaminar; si no lo hace, el decreto deberá ser tratado de inmediato por ambas cámaras. La oposición ya anticipa un febrero caliente y busca avances para rechazar la iniciativa, mientras el oficialismo enfrenta su primer gran test legislativo del año.
Justo al límite de completar los tiempos que establece la ley, el Gobierno de Javier Milei mandó al Congreso de la Nación el decreto de necesidad y urgencia 941/25 que reforma la Secretaría de Inteligencia y habilita cambios en la Ley de Inteligencia, con el fin de que el mismo sea tratado en la Comisión Bicameral de Permanente de Trámite Legislativo, la cual tiene competencia para pronunciarse sobre los DNU.
Así lo establece la ley, que señala que el Poder Ejecutivo, dentro de los 10 días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, la cual debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.
Suscripto el último día del año anterior, los diez días hábiles se cumplían este jueves, razón por la cual, al filo de los tiempos -tal cual es su costumbre- el Gobierno dio curso a la bicameral que, dicho sea de paso, todavía no ha sido constituida.
Si esto no sucedía, la Bicameral estaba en condiciones de abocarse de oficio al tratamiento del tema. Como sea, ahora cuenta con un plazo de 10 días hábiles para dictaminar, contados a partir de este viernes. Esto es, hasta el jueves 29 de enero tiene tiempo la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para emitir el dictamen correspondiente. Si ese plazo vence sin que la comisión haya elevado el correspondiente despacho, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto, de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional.
Por lo pronto, la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo debe ser primero constituida, dado que sus integrantes duran en sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen. La comisión está integrada por 8 diputados y otros tantos senadores, designados por los presidentes de sus respectivas cámaras, a propuesta de los bloques parlamentarios y espetando la proporción de las representaciones políticas.
Su último presidente fue el diputado Oscar Zago (MID); ahora corresponde que la comisión esté presidida por un senador. Los diputados que conformaban la anterior bicameral eran, además del citado Zago, Lisandro Almirón (LLA), Ramiro Gutiérrez (UP), Vanesa Siley (UP) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), y los exdiputados Carolina Gaillard (UP), Hernán Lombardi (Pro) y Francisco Monti (Liga del Interior). Y los senadores eran Anabel Fernández Sagasti (UP), Mariano Recalde (UP), Luis Juez (Pro), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal) y Juan Carlos Pagotto (LLA), y los ex senadores María Teresa González (UP), Víctor Zimmermann (UCR) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal).
Está claro que la resolución del tema tendrá lugar en el mes de febrero, cuando la oposición buscará impulsar el tratamiento del DNU en ambos recintos. Será el primer gran desafío que tendrá el oficialismo con su nueva conformación, más el antecedente no menor de que fue precisamente un decreto de necesidad y urgencia sobre el tema Inteligencia (en ese caso fondos reservados por cien mil millones de pesos) el primer DNU rechazado a un gobierno. (Parlamentario)